En el día de ayer se entregaron 6 pensiones provinciales inscriptas en las leyes de Incapacidad Laboral y de Discapacidad, a personas de diferentes localidades de la Provincia, una de ellas de Caleufú, que no sólo recibirán el beneficio económico mensualmente, sino que también obtendrán la obra social provincial SEMPRE.
El acto se desarrolló en la Sala del Ministerio de Desarrollo Social, con la presencia de la ministra, Fernanda Alonso, la subsecretaria de Descentralización Territorial, Patricia Lavin, funcionarios de la mencionada cartera y beneficiarios.
“Se suman a la pensiones provinciales que venimos otorgando según las leyes que tenemos vigentes, algunas que tienen que ver con discapacidad y otras con incapacidad laboral. Hoy estamos entregando la número 109 de esta gestión, pudiéndonos poner al día en lo que es la demanda. Lo que hicimos en primer lugar fue revisar todas las solicitudes pendientes y en función de eso se revisaron todos los beneficiarios que había vigentes y los cupos que había disponibles. Ahí empezó a activarse la entrega”, contó Alonso.
Además, la ministra remarcó el momento especial que atraviesa el país, respecto a la decisión de Nación de quitar este beneficio. “Es lamentable esta situación, lo cierto es que los números los manejan ellos. Hoy estamos tratando de acceder al dato concreto de cantidad de beneficios que tiene La Pampa, la cantidad de suspensiones y de revocaciones a esas suspensiones. El dato que puedo aportar es que se han hecho ya 300 revocaciones, o sea que tenemos más suspensiones que ese número. Hoy me prometieron dar los datos preciso que tiene Nación, no es un dato que manejemos desde la Provincia. Salió un dato en los medios nacionales donde decía que La Pampa tiene el 2 % de la cantidad de beneficios que están otorgados por invalidez en toda la Nación. Pero esos números reales los estamos esperando de Nación”, explicó.
En tanto, Alonso reconoció que desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación no hubo comunicación con la Provincia tras la medida de suspender los beneficios. “Hubo comunicación por parte nuestra, nosotros hemos llamado. Cuando empezamos a detectar este tipo de suspensiones mensuales de los beneficios, automáticamente recae el planteo en algún ámbito del Gobierno provincial o local, entonces son los intendentes o somos nosotros lo que estamos atendiendo directamente al beneficiario que deja de cobrar. Entonces, hemos llamando a Nación, paralelo me han estado llamando ministros de otras provincias, fundamentalmente de la Patagonia, que han sufrido las mismas consecuencias que nosotros”, destacó.
También calificó el manejo de la situación como “un gravísimo error” por parte de Nación. “Un error gravísimo de manejar una cuestión social como administrativa. O sea, lo que considero es que si ellos pretendían revisar el otorgamiento de un beneficio social oportunamente dado en el marco de una ley vigente, en el marco de un programa que maneja el Gobierno nacional, esa revisión debe ser dada uno a uno y en territorio, no en un ámbito administrativo donde se generaliza y no se contemplan las situaciones. La cuestión social nunca es administrativa, son personas las que están detrás, entonces eso es gravísimo. Obviamente que rechazamos el manejo de esto. Si ellos pretenden revisar el otorgamiento del beneficio lo pueden hacer y hasta pudieron haber contado con nuestro acompañamiento en el territorio, que somos los que estamos día a día en contacto con la gente y sabemos cuáles son las posibilidades de esta gente de seguir teniendo el beneficio”, puntualizó.
Por último, la ministra de Desarrollo Social destacó que se está analizando presentar alguna medida judicial, siempre y cuando no haya un manejo correcto de las suspensiones de los beneficios desde la perspectiva del derecho.
“Puntualmente lo he hablado con los legisladores nacionales, que ellos están convocando a la ministra de Desarrollo Social de la Nación (Carolina Stanley) para plantear esto como una cuestión de Estado, que abarca a todas las provincias. También hemos hablado con el asesor letrado de Gobierno para analizar todas las leyes vigentes por las cuáles se otorgan estos beneficios, para que, si realmente es un derecho la suspensión, está bien tratada como lo han hecho o no. A mi criterio, desde el sentido común, no es así como debe tratarse desde lo profesional, cuando uno trabaja en el ámbito social no es el modo. Desde la perspectiva del derecho hay que analizar y es lo que estamos haciendo”, cerró.
